Desde el acueducto hasta el ICBF: así se estaban robando La Guajira
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La crisis por desnutrición en el departamento de La Guajira es cada vez más fuerte. Seis niños han muerto en lo que va corrido del presente año por causas relacionadas con desnutrición | Foto: La Chachara
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Redacción ALDIA

Desde el acueducto hasta el ICBF: así se estaban robando La Guajira

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Con 12 detenidos arrancó el juicio por probable corrupción.

En el marco del plan denominado "Bolsillos de Cristal", la Fiscalía General de la Nación ha capturado a 20 de las 41 personas involucradas en actos de corrupción en el departamento de La Guajira.

Once serán acusadas de varios delitos que se les imputarán próximamente. Entre estas se encuentran funcionarios públicos, contratistas y particulares, que se han visto comprometidos en irregularidades en procesos de contratación en diversas áreas como educación, acueductos, salud, atención a la primera infancia y diferentes obras civiles, según afirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Este fue el resultado de un trabajo que durante dos meses realizó en La Guajira un grupo de fiscales de direcciones nacionales y seccionales, que según la Fiscalía permitió descubrir las anomalías.

En el caso del ICBF, la Fiscalía investiga dos contratos que suman $3.421.000.000 que iban destinados a la atención integral de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres gestantes o lactantes, como resultado de lo cual se habría establecido un peculado por $1.495.000.000, casi la mitad del recurso destinado para esto. El contrato fue firmado por el ICBF con la Asociación Asomilenio.

Los capturados ingresan a la sala de audiencias. 

FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO

El fiscal afirmó que se encontraron facturas falsas que cobraron de manera irregular por valor de $500.000.000 y cobros de arrendamientos que superan el doble del valor real, así como el pago a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.

La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de 14 personas, como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

De estas se han capturado doce, entre las que están Jorge Mejía Herrera, excontralor de La Guajira; Leyla Montalvo, coordinadora del Centro Zonal del ICBF Riohacha; Daisy Villar Fuenmayor, quien fue candidata a la Alcaldía de Dibulla y actualmente se desempeñaba como representante de la fundación Alimentando Mi Región. Otros de los detenidos fueron identificados como María de Jesús Mejía, Wilmer Peñaloza, William Alejandro Villar, Johan Enrique Rodríguez y Estrella Coronado, entre otros.

El excontralor Jorge Mejía llega al Palacio de Justicia.

EXMANDATARIOS INVOLUCRADOS

Los operativos se llevaron a cabo por el CTI de la Fiscalía en Riohacha, Maicao, Mingueo, Manaure y Santa Marta. Al cierre de esta edición se llevaban a cabo las diligencias de legalización de las capturas por parte del Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Riohacha.

En otros casos están involucrados exmandatarios de Riohacha y de La Guajira.

El exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos Sierra, y otras diez personas se encuentran involucrados en el caso que investiga la Fiscalía General de la Nación por la construcción del acueducto del corregimiento de Camarones, como responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Según el ente investigador, en la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de Camarones, por valor de $12.102.998.043 se detectaron una serie de presuntas irregularidades.

Por momentos hubo protesta de asistentes para ingresar.

Según conoció AL DÍA, las imputaciones de Ceballos, así como el exsecretario de Obras, Julio Vega, y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, así como de las otros involucrados, se llevarán a cabo los días 17 y 18 de noviembre.

También se indaga sobre el Plan Departamental de Aguas, que incluye los acueductos de Manaure, Uribia, Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro y Pondores.

En materia de educación, la Fiscalía obtuvo nueve órdenes de captura y dispuso la imputación a tres personas como posibles responsables de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Por este hecho fueron capturadas dos personas y se le imputarán cargos al exgobernador Jorge Pérez Bernier, quien estuvo al frente de la administración entre los años 2008 y 2012.

Según el fiscal, en el 2009 se contrató la construcción de 42 megacolegios por un valor de $149.000.000.000, pero se encontraron sobrecostos y facturación falsas en los anticipos que generaron un detrimento al Departamento por cerca de $22.000.000.000.

La Unión Temporal del Norte, integrada por las empresas Ávila Limitada y H&H Arquitectura –vinculada a los escándalos contractuales de los Nule en la Costa–, fue la empresa que ejecutó el contrato y  que tenía entonces como representante legal a Carmenza Ávila Chassaigne.

TAMBIÉN HUBO JUICIOS FISCALES

Algunas de las capturadas no podían contener el llanto.

La Contraloría también abrió juicio de responsabilidad fiscal por este caso y estimó que en la Gobernación de La Guajira “omitieron” normas legales con respecto a la selección objetiva y concluyó que en la contratación se detectaron “sobrecostos” que se “hicieron visibles” debido a que la Unión Temporal del Norte “subcontrató con terceros la ejecución de obras de 15 instituciones educativas, donde los ítems subcontratados son menores en precio a los pactados en el contrato principal”.

La Fiscalía investiga también la forma como a través de la IPS Mareigua y la Clínica Odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud, mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del Fosyga.

En una primera fase de la investigación, la Fiscalía imputó a 8 personas y ha dispuesto la captura de cuatro por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento público. 

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