El caso de Milena: la líder comunitaria que quieren desterrar de su casa
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En las audiencias realizadas en el complejo judicial se denunciaron irregularidades en las pruebas presentadas por Fiscalía | Al Día
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Redacción ALDIA

El caso de Milena: la líder comunitaria que quieren desterrar de su casa

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Según la Fiscalía es necesaria y proporcional esta medida porque Milena mueve masas y está demostrado que es la líder comunitaria ideal para el Eln.

El abogado defensor y apoderado de Milena Quiroz Jiménez, Jorge Molano, explicó que la juez decidió negar la solicitud de la Fiscalía de ordenar medida de aseguramiento intramural para la mujer, sino que por el contrario fue sentenciada a una medida de aseguramiento con detención domiciliaria fuera del sur de Bolívar.

Luego de conocerse dicha decisión de la juez en el Complejo Judicial de Cartagena, en contra de la vocera de la comisión de interlocución de esa zona del departamento, Molano manifestó que esto podría interpretarse como un “destierro”.

“Lo realmente sorprendente, la señora juez ha ordenado que ella (Quiroz), debe fijar un domicilio fuera del sur de bolívar, esta situación debo decirla como abogado defensor de los derechos humanos, me genera un sin sabor al sentir que Milena ha sido condenada a una pena de destierro” sostuvo el abogado defensor.

De acuerdo al abogado defensor de Quiroz, la juez ha concluido prácticamente que no encuentra los elementos existentes en el caso particular de la sentenciada, para que se pueda hablar de delito de concierto para delinquir, además agregó que el grupo de abogados defensores consideran que se ha avanzado en el debate jurídico y probatorio.

Durante la audiencia preliminar la juez encargada enseñó las pruebas presentadas por la Fiscalía, en especial, los testimonios de desmovilizados del Eln que los relacionaría con los detenidos y ordenó la medida de aseguramiento con detención domiciliaria de Milena Quiroz.

Con relación al material probatorio presentado por el ente acusador, Molano dijo que “no existe absolutamente nada. Lo único que nos ha enseñado son testimonios de supuestos reinsertados porque ni siquiera se ha probado que lo sean, los cuales usan las mismas palabras lo que indicarían que fueron adiestrados”.

Anteriormente, el abogado de Quiroz, había hecho la advertencia de que “ya hemos informado al relator de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias por parte de la justicia colombiana, y bajo el impulso de la Policía y la Fiscalía se pretende criminalizar de manera abierta y descarada la protesta social”.

En medio de la audiencia manifestó Jorge Molano que, los retenidos en la estación de Chambacú, habrían sido sometidos a requisas donde se les decomisaron unas agendas o libretas donde establecían comunicación con sus representantes.

Sin embargo, la fiscal especializada 3, María Bernarda Puentes López, aclaró que el procedimiento fue ordenado porque la Fiscalía tenía la sospecha que los detenidos tenían celulares y que en las requisas también encontraron lápices y bolígrafos por presentar un peligro, pero agendas no.

En audiencias anteriores, la fiscal Puentes López manifestó que “la Fiscalía considera que es necesaria y proporcional esta medida porque la señora Milena mueve masas y está demostrado porque es líder comunitaria y social. Existen testimonios que dicen que ella forma marchas que tendrían como finalidad real los quereres de la organización ilegal del Eln”.

Por su parte, la encargada de la subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Soraida Hernández, quien además es miembro del Congreso de los Pueblos, calificó como “arbitrario el proceso y criticó los argumentos expuestos por la Fiscalía, que ha manifestado que el ejercicio de la protesta social se constituye como amenaza para el Estado”.

Teófilo Acuña, también miembro de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Cesar y Sur del Cesar, manifestó que la captura de 12 supuestos miembros de la redes apoyo al Eln en el sur de Bolívar sería un nuevo caso de ‘falso positivo’ contra los líderes sociales y organizaciones que han denunciado violación de derechos humanos, el incumplimiento del gobierno y la presencia de supuestos paramilitares en la zona.

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