Podrían quitarles un delito a los presuntos asesinos de Eduardo Pinto
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Jesús Gutiérrez (der.), el taxista Miguel González y el chofer Johan Beltrán, en un receso de la audiencia de imputación de cargos hecha el 24 de junio | El Heraldo
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Germán Corcho Tróchez

Podrían quitarles un delito a los presuntos asesinos de Eduardo Pinto

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Jassir será juzgada por aparte.

La duda se centra en el cargo de concierto para delinquir. Si pasa de agravado a simple, o si es anulado en la imputación, el caso no será competencia de la justicia especializada.

El proceso contra los tres confesos coautores del homicidio del director regional de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria, podría tener cambios después de que fue asignado al juzgado penal del circuito especializado de Barranquilla.

Proceso: individualización de la pena”, indica el acta del reparto realizado por computador el lunes de la semana pasada, a las 9:16 a.m., en el Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad. En el despacho del juez Jorge Torregrosa Monsalve fue recibido al día siguiente, a las 10 de la mañana.

En la carpeta están mencionados solo Jesús Gutiérrez Arrieta, alias Chucho, señalado cabecilla de la banda contratada para cometer el crimen; el taxista Miguel González Reales, y Johan Beltrán Ulloque, quien era chofer de confianza de la víctima y su esposa, Dayan Jassir De la Hoz.

Jassir, imputada como determinadora del crimen, será procesada por separado porque se declaró inocente y afrontará de momento un juicio. Los tres hombres, en cambio, sí se allanaron a los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego.

¿Hubo concierto?

Los cambios en el caso de los confesos homicidas se evalúan desde que el caso pasó de la Fiscalía 26 de la URI al despacho 18 de la unidad de delitos contra la vida.

El primer delegado estuvo a cargo de la indagación preliminar por el asesinato registrado el 4 de mayo pasado en el barrio Cevillar, en la casa donde los Pinto Jassir vivían con su hijo.

En esa etapa se identificaron al autor, a los coautores y la presunta determinadora; se ubicó al taxi usado para transportar a los dos sicarios, se localizaron llamadas entre los procesados el día y en la zona del hecho, y se está a la espera de la información contenida en un chip de celular que Beltrán entregó a la Dijín.

Cuatro fuentes coincidieron en que la duda del nuevo fiscal se centra en uno de los cargos aceptados por Gutiérrez, González y Beltrán: el concierto para delinquir.

“Es un delito en el que deben cumplirse unos requisitos, como que haya una organización que suponga una pluralidad de sujetos, con acuerdo de voluntades para cometer varios delitos, y que tenga una permanencia en espacio y tiempo”, dijo uno de los funcionarios.

En la investigación por la muerte a tiros de Pinto, Gutiérrez y el chofer Beltrán reconocieron ante la Fiscalía que se reunieron días antes del homicidio y pactaron el pago de $3 millones para la banda que conforma el primero, a cambio de que mataran al médico guajiro.

Una de las fuentes dijo que no siempre hay concierto para delinquir en investigaciones que involucran a dos o más personas, pese a que haya un acuerdo previo y división de funciones.

“Cuando existe tal acuerdo, estamos solo frente a una coautoría criminal; es indispensable que se den los otros requisitos para el concierto”, recalcó.

El juez Torregrosa fijó para el 23 de septiembre próximo la audiencia en que decidirá si avala los allanamientos, o si se declara competente o no para conocer del caso.

Cambio de juzgado

Si el mismo juez también considera que la conducta confesada por los tres detenidos no se encuadra en el concierto, la carpeta deberá remitirse a la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla para que analice y resuelva el conflicto.

Y si los magistrados deciden que no se perpetró un concierto, el proceso deberá cambiar del juzgado especializado a uno penal del circuito ordinario.

La razón es que la justicia especializada solo conoce de los procesos que incluyen delitos como genocidio, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, extorsiones por más de 500 salarios mínimos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito por más de 100 salarios mínimos, terrorismo, entre otros.

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Para ver en detalle el seguimiento a cada uno de los hechos entra a los siguientes enlaces: 

Una denuncia por acoso sexual, otra pieza dentro del caso del exdirector de Medicina Legal

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