Silvia Gette usó $1.075 millones de la Autónoma para gastos personales
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La ex rectora de la Universidad Autónoma está siendo investigada por varios hechos | Foto: hsbnoticias
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Germán Corcho Tróchez

Silvia Gette usó $1.075 millones de la Autónoma para gastos personales

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Cuando era rectora se valió de su cargo para aprobarse créditos sin autorización.

El nuevo llamamiento a juicio que afronta Silvia Gette Ponce,exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe,está soportado en los registros y documentos de cómo utilizó recursos de la institucióneducativa para millonarios gastos suyos.

Para la Fiscalía, que la acusa por el delito de abuso de confianza calificado, la colombo argentina hizo uso indebido “de la facultad que tenía”.

Los detalles del escrito de acusación fueron expuestos el martes en una audiencia por la Fiscalía 7ma. especializada contra el lavado de activos, ante la juez 8 penal municipal con funciones de conocimiento, en el Centro de Servicios Judiciales.

A la diligencia hecha en la sala 8 no entraron los medios de comunicación por orden de la juez, pero EL HERALDO conoció el documento en el que se asegura que Gette, de 64 años, sacó provecho de que era rectora y presidenta del consejo directivo para estudiar y aprobar los créditos solicitados.

Es decir, se valió de su cargo para lograr “que sus obligaciones tributarias y personales fuesen pagadas con recursos de la universidad”.

Gette fue rectora del mencionado centro de educación entre el 4 de noviembre de 2003, fecha de su nombramiento, hasta su destitución el 6 de agosto de 2013 por decisión del consejo directivo.


Las pruebas en contra de Gette | Foto: El Heraldo
 



 

SIN AUTORIZACIÓN

 La investigación se inició por la denuncia que las directivas de la institución, a través de uno de sus abogados, presentaron el 7 de febrero de 2014 por el presunto desvío de $2.408 millones.

Al analizar la queja y los anexos –cheques, órdenes y comprobantes de pago–, la Fiscalía concluyó que fueron 11 abusos de confianza que totalizaron $1.073 millones, entre 2008 y 2011. Del dinero restante, informó una fuente, se indaga si resultó en una estafa de la exrectora contra el claustro académico.

La teoría de la Fiscalía es que Gette Ponce quebrantó uno de los estatutos de la institución que le permitía, como rectora y presidenta de la junta directiva, ordenar gastos o disponer de recursos no superiores a 59 salarios mínimos legales.

“Dada la cuantía de las sumas con las que se pagaron las obligaciones de la señora Gette, se debía contar con la autorización de la sala general, que es el órgano que tiene la competencia para la autorización de los préstamos cuando se trate de cantidades que sobre pasen los 59 salarios”, explica. 

Para la época en que ocurrieron los hechos denunciados, 2011, el salario mínimo en el país era $535.600. Significa que el reglamento de la Autónoma le fijaba $31 millones 600 mil 400 como límite y ella se excedió en $1.041 millones.

La Fiscalía imputó cargos a la exrectora el 25 de agosto del año anterior, en Bogotá, ante el Juzgado 64 penal municipal de esa ciudad. Y el 10 de noviembre presentó el escrito de acusación, correspondiendo el caso al Juzgado 8 penal municipal de Barranquilla.

El 2 de marzo anterior, la Fiscalía comunicó al despacho de una variación en la acusación, a raíz de un estudio más detallado de las evidencias:las apropiaciones, según las fechas indicadas y los montos señalados en la imputación, ascendieron a $1.075 millones por ocho abusos de confianza, no 11.

Con ello se elevó entonces a $1.043 millones la cantidad en que Gette habría rebasado el límite de recursos de los que disponía sin autorización de la sala general.

Las pruebas en contra de Gette | Foto: El Heraldo


LOS PAGOS. 

La Fiscalía especifica en una tabla (ver foto) que Gette “se apropió” a lo largo de 2011 de los $1.075 millones en los siguientes montos: $100 millones, el 4 de enero; $200 millones, el 2 de marzo; $50 millones, el 24 de marzo; 50 millones, el 25 de mayo; $60 millones, el 9 de junio; $40 millones, el 17 de agosto; $131 millones 132 mil, el 2 de septiembre, y $444 millones 445 mil el 23 de noviembre.

De uno de esos movimientos, los investigadores del CTI recaudaron los documentos correspondientes al de septiembre, por $131 millones 132 mil. Como la carta de autorización dirigida al Banco Davivienda, en Barranquilla, para que cargara a la cuenta de ahorros de la universidad la “cancelación declaración de renta año 2010 de la Dra. Silvia Beatriz Gette Ponce (sic)” por dicho valor.

Para el ente acusador, las coincidencias entre las fechas de los préstamos y desembolsos indican que Gette “lesionó el patrimonio económico” de la universidad. “Es lógico y razonable afirmar que solo ella resultaba beneficiada, con tales procederes, con el pago de sus deudas y obligaciones”.

Entre los más de 80 elementos probatorios citados en la acusación están esos registros, los resultados de una inspección contable realizada el 10 de diciembre de 2014 en la Uniautónoma, constancias del origen de los recursos de la institución de fecha 21 de octubre del mismo año, fotocopia del manual de procedimiento de préstamos y anticipos a empleados, y una relación de los préstamos a Gette a fecha 31 de marzo de 2014.

En las dos audiencias celebradas hasta ahora por esta indagación, la Fiscalía 7 contra el lavado de activos ha sostenido queGette también destinó los $1.075 millones al pago de obligaciones como los impuestos prediales de apartamentos y las cuentas de cobro de un abogado que la representó en un proceso penal, al que le hizo cuatro pagos por 192 millones 500 mil pesos.

“A sabiendas que no contaba con tal facultad, pues los montos de tales sumas de dinero superaban la cuantía para la cual estaba autorizada”, ha insistido la delegada a cargo de la investigación.

Audiencia de medida de aseguramiento
Para mañana lunes está programada, en Bogotá, la audiencia en que la Fiscalía 7ma. contra el lavado de activos solicitará a un juez que imponga a Silvia Gette Ponce medida de aseguramiento en la cárcel, por este proceso. La diligencia no pudo hacerse el 25 de agosto del año pasado porque en la imputación de cargos solo estuvo el abogado de ella, quien no fue trasladada por el Inpec.

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