Sucre, el departamento que lo está acabando la corrupción
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En Coveñas todos los alcaldes electos popularmente han sido priva­dos de la libertad por líos con la justicia | ALDÍA.CO
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Redacción ALDIA

Sucre, el departamento que lo está acabando la corrupción

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Cuatro alcaldes activos están presos.

“Se acabaron las autodefen­sas y la guerrilla y ahora nos queda el cáncer de la corrupción que es peor y se ha regado por todo Su­cre”. Así se refiere un reconocido líder ciudadano de Sincelejo –que por razones de seguridad pide no revelar su nombre– al hecho de que en la actua­lidad cuatro alcaldes titulares del de­partamento estén con medida de ase­guramiento.

Los cuatro mandatarios tienen mu­chas cosas en común: los procesan por delitos contra la administración pública relacionados con contratos sin el lleno de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y fal­sedad ideológica tanto en documento público como privado.

Y otra coincidencia es que todos los cuatros alcaldes de los municipios de Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Betulia y Coveñas, realizaron los con­tratos que los tienen en problemas con fundaciones, lo que en criterio del vee­dor de Buenavista, Orlando Serpa, “se ha convertido en una forma de hacerle el quite a la contratación estatal porque lo hacen de manera directa, sin impor­tar el rubro y es una forma de apropiar­se de los recursos del Estado, por eso hay que denunciar y sin miedo”.

La primera de las detenciones de es­tos alcaldes ocurrió en el mes de febre­ro y fue la de Fredy de Jesús Rivera Pérez, mandatario de Los Palmitos, a quien le reprochan el haber realizado un contrato por 120 millones de pesos con una fundación de profesionales de esa localidad y de la que hacían parte varios de sus miembros del equipo de gobierno, entre ellos el entonces secre­tario de Gobierno, Wilson Rafael Pine­da Romero.

La fundación la representa Néstor Fi­del Pérez. Estos dos ciudadanos y el al­calde del Partido Liberal están privados de la libertad. Los dos primeros en la cár­cel para funcionarios públicos de Corozal.

Continuaron las labores investigati­vas de las fiscalías Cuarta y 22 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Admi­nistración Pública y cinco meses después se produce la detención de Alcides Pérez Barrios, alcalde de San Antonio de Palmi­to; de su secretaria de Gobierno, Jénifer Benítez Castillo; del representante de la Fundación Feysalud, Jorge Luis Salazar Urzola y de otra de sus integrantes, Dre­nis del Carmen Anaya.

Al alcalde Alcides Pérez la Fiscalía le reprocha el haber suscrito unos contra­tos por 549 millones de pesos con esa fundación que no era idónea y que no cumplió con su objetivo, sino que se apropió de esos recursos y para ello aporta­ba certificaciones de prestación de ser­vicios que eran falsas y fotos que eran montadas.

A todos estos cuatro ciudadanos, in­cluidos el alcalde del Partido Conser­vador, y de quien un juez de garantías dijo habían actuado como una empresa criminal, les fue otorgada la medida de aseguramiento pero en su domicilio. Es hasta el momento el único de los cuatro alcaldes que tiene ese tipo de privación por su condición particular de padre ca­beza de familia en tanto que la madre de sus dos hijos fue asesinada hace 5 años.

No corrió mucho el tiempo y cuando aún la ciudadanía no se reponía de estas capturas por actos de corrupción nueva­mente la Policía Judicial (Sijín) le propi­na un golpe a la administración pública capturando el 2 y 3 de octubre a los alcal­des de Coveñas, Nilson Navaja Olivares y de Betulia, Fernel Avilez Tovar.

Para sorpresa de la sociedad, al man­datario de Betulia, que es pensionado del magisterio y en quien sus electores depo­sitaron su confianza para que los sacara del atraso en el que está el pueblo donde se fabrica el diabolín y el cazabe es captu­rado porque hizo con la Fundación Feysa­lud lo mismo que ocurrió con los abuelos de San Antonio de Palmito.

Pero en Betulia el monto de los tres contratos fue de más de 700 millones de pesos. No le prestaron a los adultos ma­yores los servicios que decía el contrato y para apropiarse de los dineros también presentaban fotografías y certificaciones de servicios que no prestaron y los que sí, fueron gratuitos y la fundación los cobró a unos costos elevados.

Un juez de Morroa con funciones de control de garantías envió al alcalde Fer­nel Avilez, pese a los dos quebrantos de salud que presentó en las audiencias pre­liminares, a la cárcel de Corozal, mientras que al tesorero Marco Arrieta Gil y al se­cretario de Asuntos Sociales, Eider More­no les concedió la detención domiciliaria.

¡OTRA VEZ COVEÑAS!

Pero lo más sonado de la redada de las autoridades en los delitos contra la ad­ministración pública fue lo que ocurrió con Coveñas, no solo por el monto del contrato que es de más de 2.200 millones de pesos y que fue celebrado en vigencia de la ley de garantías del año 2015, sino porque con la detención de Nilson Navaja Olivares se evidencia que en este puerto turístico y petrolero no se ha salvado de la justicia ninguno de sus alcaldes elec­tos popularmente.

Ello denota que ninguno ha llegado a hacer las cosas bien y menos a trabajar por el progreso del municipio más joven de Sucre, tiene 15 años.

A Navaja Olivares lo procesa la justicia por haber liquidado y terminado de pagar un contrato de bilingüismo que la admi­nistración anterior de César Serrano Oli­vares realizó con la Fundación Nueva Es­peranza que representa la docente Luisa Mercedes Núñez Reyes.

El alcalde, al decir de la Fiscalía y del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Since­lejo, debió dar por terminado desde el mo­mento del empalme un contrato que no se había cumplido, pero hizo caso omiso a ello.

Sin embargo, su defensor alega que es­te fue inducido a error por el secretario de Educación, Iván Berrocal y por la in­terventora Zaelis María Buelvas Tobías. Esta última que debía ser la veedora, se prestó para recibir dineros de ese millo­nario contrato en su cuenta bancaria por­que las de la Fundación Nueva Esperan­za estaban embargadas.

Por este escándalo de corrupción el alcalde Nilson Navaja y el secretario de educación, Iván Berrocal, fueron envia­dos a la cárcel de Corozal, mientras que Zaelis Buelvas, la interventora, a la cár­cel La Vega, y Luisa Núñez Reyes, re­presentante de la Fundación Nueva Es­peranza tiene casa por cárcel porque no solo se acogió a los cargos imputados por la Fiscalía sino que también tendrá un principio de oportunidad, es decir, dirá la verdad de todo.

Este mismo contrato de bilingüismo y para la misma época de la ley de garan­tías lo firmó esa cuestionada fundación en el municipio de Majagual y al parecer tampoco fue ejecutado en debida forma.

OTRAS CAPTURAS

Pero en la presente vigencia la Fisca­lía también le ha dado un 'tatequieto’ a quienes en el pasado han hecho mal uso de los recursos públicos y el primero de ellos fue el exalcalde de San Benito, Manuel Cadrazco Salcedo, hoy con ca­sa por cárcel; el exalcalde de Coveñas César Serrano Romero y varios de sus secretarios, entre ellos Óscar Fontal­vo Abuchar; y el de Tolú Ariel Alvarado Montes, también con sus colaboradores Luis García, Liliana Céspedes Piñeres y Alfonso Ríos Bermúdez. Todos tienen casa por cárcel.

COVEÑAS: TODOS LOS ALCALDES PRESOS

Con la detención de Nilson Navaja Olivares, de Opción Ciudadana, se rati­fica que en Coveñas todos los alcaldes electos popularmente han sido priva­dos de la libertad por líos con la justicia.

Su primer mandatario, el médico Pe­dro Patrón Luna, fue procesado no so­lo por delitos contra la administración pública sino también por sus nexos con las autodefensas que lideraba el des­aparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’.

Le siguió Rafael García Garay que también fue procesado por favorecer con contratos a los ‘paras’.

Llegó posteriormente y tras su triun­fo en las urnas Sergio Tapia Sierra, quien solo estuvo en el cargo 9 meses. Lo procesaron, al igual que a seis con­cejales, por vínculos con los paramilita­res. Lo peor en este período de gobierno comprendido entre el 2008 y el 2011 es que Coveñas tuvo seis alcaldes.

Terminó este mal momento y cuando Coveñas cree que las cosas van a mejo­rar con la llegada al poder de César Se­rrano Romero, procedente de una de las familias que lideró de manera comu­nal la creación de este municipio, y se volvieron a equivocar. Serrano realizó un contrato de recuperación de playas por más de 15 mil millones de pesos y al parecer no se ejecutó de la mejor mane­ra y por eso está preso en su casa.

Y con la llegada y actuación de Nilson Navaja queda en evidencia que la co­rrupción en esa zona del Golfo de Mo­rrosquillo es tan infinita como su mar.

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