Caso Foncolpuertos: 28 años de rastreos y pesquisas contra la corrupción

Después de 28 años, la Fiscalía General de la Nación continúa en el rastreo del multimillonario desfalco contra el Estado por unos $37.000 millones del que, según las investigaciones, participaron abogados, jueces laborales, exdirectivos y exempleados de la Empresa Puertos de Colombia en diferentes partes del país.

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Muestra de ello fue la reciente decisión que se dio en torno a este largo proceso y del cual dio parte el ente investigador a través de la Directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra, al anunciar la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre bienes que habrían sido adquiridos de manera irregular por esas personas implicadas en el fraude al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos).

“Estas personas habrían realizado maniobras ilícitas para el reconocimiento de prestaciones sociales a las que no tenían derecho. Estos se habrían confabulado para obtener de manera irregular prestaciones, primas, reliquidaciones pensionales y sentencias que ordenaron el pago de acreencias labores a las que no tenían derecho los reclamantes”, detalló la autoridad.

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En ese sentido, Donado Sierra señaló que el ente investigador logró la recuperación de 15 inmuebles urbanos, 1 predio rural y 2 vehículos, cuyo avalúo preliminar asciende a 5.000 millones de pesos. Todos fueron ocupados en diligencias realizadas por personal del CTI de la Fiscalía en Chía (Cundinamarca), Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico), y Cali (Valle del Cauca).

De acuerdo con la vocera del ente investigador, las actuaciones irregulares ocurrieron en 1998, por lo que varios de los implicados fueron judicializados y condenados por peculado por apropiación, entre otros delitos.

El origen de la investigación

En una publicación de la Revista Huellas de la Fiscalía, realizada en el año 2000, se muestra que el caso Foncolpuertos inició con una investigación preliminar por defraudación en septiembre de 1994, con base en una denuncia formulada por los jueces laborales de Santa Marta, Magdalena.

Luego, en 1995 el proceso se radicó en la Seccional Bogotá. Para ese entonces la pérdida estaba calculada en cerca de $1.000 millones.

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Durante las investigaciones se estableció que hubo pagos irregulares a extrabajadores y funcionarios de Foncolpuertos a través de la elaboración de mandamientos de pago y sentencias ideológicamente falsas, sin ningún soporte o respaldo documental.

Asimismo se adelantaron procesos ordinarios laborales con fundamentos en demandas falsas o no presentadas de acuerdo con la legislación laboral y sentencias de tutela que reconocieron prestaciones laborales no adeudadas por los extrabajadores entre otros procedimientos irregulares.

A medida que avanzaron las investigaciones se hizo necesaria la creación de un Grupo Interdisciplinario integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Trabajo, la Presidencia de la República y la Fiscalía General.

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Para aquel entonces, por las irregularidades presentadas en Foncolpuertos, la Fiscalía vinculó a más de 500 personas e impuso alrededor de 130 medidas de aseguramiento, se profirieron resoluciones de acusación y se estimaron la apertura de unas 250 investigaciones a sospechosos.

Dentro de los incriminados por la defraudación hubo exdirectivos de Foncolpuertos, además de extrabajadores, abogados y jueces laborales, a quienes se les investigó por prevaricato, estafa falsedad en documento, peculado, fraude procesal y concierto para delinquir.

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Para descubrir el entramado, la Fiscalía dividió la investigación en dos grandes partes: una a cargo de la Unidad Nacional Anticorrupción y la otra a cargo de la Unidad Investigativa Especial para Foncolpuertos, adscrita a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca.

El ente investigador determinó que para para reclamar las deudas laborales a su favor los exportuarios interpusieron 479 acciones de tutela en los juzgados de Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena, Santa Fe de Bogotá, Santa Marta y Tumaco, Nariño.

Cuando la Corte Constitucional revisó las sentencias de estas tutelas interpuestas en contra de Foncolpuertos encontró inconsistencias que motivaron a finales de 1997 el envío oficioso de todos los originales a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles conductas punibles que surgieran en la iniciación y el trámite y la decisión de dichas tutelas.

Resultados

Tras las investigaciones, en las que intervinieron fiscales, miembros del CTI, el extinto DAS y la Dijín, se evitó para el año 2000 la cancelación de al menos un billón y medio de pesos en trámites por conceptos de conciliaciones y mandamientos de pago falsos.

Por ejemplo, de 937 actas falsificadas por exempleados, se detectó que 896 fueron elaboradas con participación de siete inspectores de trabajo que se prestaron para el ilícito.

En su momento, a 23 abogados les fueron dictadas medidas de aseguramiento, 10 de estos fueron llamados a juicio y se estimó que en todo el país podían estar involucrados alrededor de 100 profesionales del derecho.