ESPECIAL | ‘No es una reparación solo para mí, es para todas las mujeres’
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La docente y bailarina Marta Gómez luchó por sus derechos vulnerados.
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Kenji Doku

ESPECIAL | ‘No es una reparación solo para mí, es para todas las mujeres’

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La bailarina de danza Marta Gómez víctima de violencia intrafamiliar.

El pasado jueves 16 de agosto la bailarina de danza contemporá­nea y docente Marta Ligia Gó­mez Henríquez, recuerda que se sintió “liberada y reparada”, cuando la juez Octava Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, Mar­garita Vélez Verbel, leyó la sentencia condenatoria contra su expareja Ra­fael Ángel Auque Cuello, por el delito de violencia intrafamiliar agravada, castigo que tasó en siete años de pri­sión sin la posibilidad de conceder el beneficio de prisión domiciliaria.

Hasta ese momento de la diligencia realizada en el Centro de Servicios Ju­diciales de Barranquilla, en el antiguo edificio de la extinta Telecom, ya ha­bían pasado ocho años de crisis, ata­ques físicos y verbales, riesgos, temo­res —entre otras conductas—, debido a lo extenso que fue el proceso, al pun­to que estuba a punto de prescribir en diciembre de este año. “Se me salían las lágrimas, después de tanto tiempo no me lo esperaba que se dictara sentencia. Me sentí reparada, la juez fue muy tajan­te en decir que a mí me habían tratado de difamar de todas las formas”. Para Marta era como el final de una película. “No es una reparación solo para mí, es para todas las mujeres”, subraya.

LA HISTORIA

Días después de la sentencia fallada a su favor, Marta Ligia decidió reme­morar para esta casa periodística có­mo empezó su caso, y por qué decidió denunciar al ingeniero industrial Ra­fael Auque Cuello, con quien se casó en 2003 después de varios años de noviaz­go. “Tuvimos un noviazgo largo, nos conocimos en el barrio Ciudad Jardín, vivimos juntos, después nos casamos”, recuerda.

En 2004 llegó la primera hija de la pareja, y en 2006 vino el varón. Hasta ahí, según Marta Ligia, todo era lleva­do como una familia normal.

Sin embargo, ese panorama cambió hacia 2010 cuando ella se dio cuenta de que algo pasaba en el seno de su hogar.

“Este caso mío no es porque hubiera otra mujer… Sí la había, pero de otro lugar más terrible…en otra situación, otro contexto”, dice la dama con mu­cho recelo.

“El hecho sucedió en mayo de ese año, ocurrió un ataque de él hacia mi hija y yo en defensa de eso le digo que se tiene que ir de la casa, y me violenta. En la habita­ción se me lanza encima, me propina golpes, me inmoviliza encima de la cama y luego me fractura el cúbito del brazo dere­cho. Fue una fractura contundente por un golpe fuerte”, asegura Marta Ligia.

Por el ataque, que la dejó inmoviliza­da por un año debido al yeso que se ex­tendió desde su mano hasta el hombro, Medicina Legal la incapacitó 56 días, y después se la extendió hasta los 90 días, que es el máximo que da de inca­pacidad el Instituto.

Vinieron las denuncias en el Cen­tro de Atención a Víctimas de Violen­cia Intrafamiliar (Cavif), en Fiscalía, Bienestar Familiar y en Comisaria de Familia.

Me otorgan la primera medida de protección, y sigo con mi recuperación en la casa”, añade la bailarina.

Tras el ataque, de acuerdo con la mu­jer, Rafael Auque Cuello se marchó de la casa, pero a partir de ahí se convir­tió en “toda una pesadilla” para ella.

Empezó a acosarme permanente­mente en todos lados… Llegaba a la casa todos los días a la misma hora, en la calle, centros comerciales, even­tos… Incluso, hasta el año pasado lo hacía. Los acosos nunca terminaron, yo siempre estuve en riesgo de un fe­minicidio”.

Tal situación, recuerda Marta Ligia, la obligó a retirarse de todos los cír­culos sociales porque ponía en riesgo a las personas que estaban a su alre­dedor.

“Hasta de la Universidad del Atlán­tico tuve que retirarme porque no po­día acudir a mis clases de docencia en Bellas Artes, me perseguía a mí y a los que estaban conmigo. Era una respon­sabilidad fuerte para mí”.

Pese a esta situación, de acuerdo con lo narrado por la víctima, ella decidió continuar con “mano firme” en el pro­ceso y pidió el apoyo no solo de la De­fensoría del Pueblo, sino de las oficinas de la mujer locales y nacionales. Así continuó hasta que se fue fortalecien­do la investigación en contra de Auque Cuello.

 LA SENTENCIA

En la sala del juzgado 8o. penal es­taban el 16 de agosto la juez Vélez Ver­bel; la fiscal 16 Cavif, Jazmín Cabarcas Rolong; Minelva Simanca Galé, repre­sentante de víctimas; Olga Abril Sar­miento, representante del ministerio público, y Marta Ligia.

La víctima tomó en su cuaderno de apuntes las ideas más importantes de cada uno de los seis puntos de la pro­videncia.

“El primer punto fue el de condenar al acusado Rafael Ángel Auque Cuello. Segundo, el juzgado no le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. Y lo tercero fue la orden de captura en su contra que solicitó la juez”, puntualiza Marta Ligia. El proceso contra el inge­niero industrial demoró, según la afec­tada, por los constantes cambios de abo­gado que hizo este para dilatarlo. Desde las últimas audiencias, hace aproxima­damente unos cinco meses, los aboga­dos del hoy condenado y él mismo, no volvieron a asistir a ninguna diligencia.

Por esta razón la Defensoría del Pueblo instauró una tutela ante el Tri­bunal Superior de Barranquilla, para que se diera lectura de la sentencia sin la presencia de Auque Cuello ni de su abogado.

A través de una comunicación voce­ros de la Oficina de la Mujer del Dis­trito y la Defensoría del Pueblo ma­nifestaron que el caso de Marta Ligia se constituye en un precedente “im­portante para todas las víctimas de la violencia intrafamiliar del Atlánti­co”, porque demuestra que “la justi­cia, aunque debe ser pronta y oportu­na, tarda, pero al final llega”.

La condena contra Rafael Ángel Au­que Cuello es una de las más altas que se han proferido en Barranquilla y el Atlántico por un caso de violencia in­trafamiliar.

La más alta que se ha dado en la Re­gión Caribe por este delito fue la de un juzgado de Santa Marta que en enero del año pasado condenó a Freddy Tomás Vargas, a 14 años de cárcel y al pago de una multa de 17 salarios mínimos vigen­tes por el delito de violencia intrafami­liar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo con violencia intrafamiliar agravada y, además, en concurso hetero­géneo y sucesivo con lesiones persona­les dolosas con secuelas permanentes.

Vargas, de acuerdo con la investiga­ción adelantada por la Fiscalía, mal­trataba física, verbal y sicológicamen­te a su esposa, sus hijos y dos adultas mayores.

El condenado, de 45 años, y conocido con el alias de ‘Cara e’ candado’, se con­virtió en el primer condenado en Santa Marta por el delito de violencia intrafa­miliar agravada en concurso con lesio­nes personales agravadas.

La coronel Sandra Vallejos Delga­do, jefe de la Policía Metropolitana de la capital del Magdalena, señaló en su momento que “esta persona ve­nía haciendo violencia contra todo su núcleo familiar”.

Hoy ‘Cara e’ candado’ permanece en la cárcel Rodrigo de Bastidas.

POCAS CONDENAS

En 2015 490 mujeres denunciaron casos de violencia intrafamiliar en la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación del Atlán­tico. De estos casos solo dos llegaron a instancias finales, es decir, jueces de conocimiento dictaron condenas contra los agresores.

Zandra Vásquez, titular de la Se­cretaría de la Mujer, citó en su mo­mento que las cifras de condenas son “muy bajas” para la cantidad de mu­jeres que en los últimos años habían denunciado agresiones de sus pare­jas o exparejas.

La Policía Nacional informó de los casos de maltrato de pareja en los cinco primeros meses de 2018 en At­lántico. Entre el primero de enero y el pasado 31 de mayo fueron denun­ciados en las dependencias de la ins­titución armada 762 casos de violen­cia doméstica.

De ese número Barranquilla ocupó el primer puesto con 457 eventos, se­guido de Soledad, con 165 casos; Sa­banalarga, con 41; Malambo, con 21; Puerto Colombia, con 19; y Galapa con 17. Llama la atención que los cuatro municipios del Área Metropolitana de Barranquilla están en el listado.

De los casos expuestos ante la fuer­za pública, 87 fueron cometidos por los agresores con arma blanca; 2 ca­sos con arma de fuego; 249 con palo o garrote, 327 no reportados y 97 a pu­ño limpio.

En el país, según lo reportado por las autoridades, ocurrieron 31.222 denuncias de ataques contra muje­res por parte de sus parejas.

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