Extorsión carcelaria: una industria criminal y familiar
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En el proceso investigativo se descubrió que todas las llamadas extorsivas realizadas a gentes en el Magdalena, se generaban de la cárcel ‘Doña Juana’, en el municipio La Dorada (Caldas), donde reclusos se identificaban con diferentes alias.
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Agustín Iguarán González

Extorsión carcelaria: una industria criminal y familiar

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Desde Santa Marta fue desmantelada red femenina que delinquía en el país.

“Ruegue a Dios que ojalá pueda conseguir esa plata prestada”, fue la respuesta de Isabel, una tendera  de Santa Marta, ante la exigencia económica hecha vía celular por  un supuesto jefe del ‘Clan del Golfo’.

La angustia de la mujer se acrecentó cuando el interlocutor,  que se identificó con el alias de ‘Jhon Jairo’, le dijo: “Siempre que usted me cumpla patrona, yo le cumplo, si no, va a tener que velar y sepultar a un familiar”. 

Acto seguido le  advierte que “tiene media hora para consignar”.

El sujeto le había exigido a la víctima la suma de $10 millones, dinero que sería utilizado para la “compra de unas cajas de municiones calibre 9 milímetros”. Sin embargo, el monto se redujo a $2 millones, según el delincuente “en un gesto de generosidad”.

La instrucción dada a Isabel  era que hiciera el depósito a través de una empresa de giros en Manizales, a nombre de una persona, para lo cual le suministraron nombre y número de su cédula.

Pero todo no termina ahí, a Isabel le comunicaron  que una vez el dinero se retirara de la oficina de giros, un intermediario de la organización la visitaría en el negocio de Santa Marta para entregarle un paz y salvo, con un código de movilidad y una constancia, donde se certifica que pagó el  impuesto de guerra. Cosa que no iba a suceder pues la plata ya estaría en las arcas de los bandidos y la delictuosa tarea había sido ejecutada con éxito y precisión.

INVESTIGACIÓN

Por medio de labores técnicas, el Gaula de la Policía en el Magdalena, al mando el mayor Luis Linares Bejarano, logró hacerle seguimiento, no solo a esta llamada extorsiva, sino a otras que se hicieron a ciudadanos residentes en este departamento.

Los intimidados tuvieron la conciencia de informar el caso a las autoridad competente y así descubrir la organización.

Desde el 23 de marzo del 2017 agentes del Gaula tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de delincuencia común organizada, denominada  ‘Los Camaleón’, con injerencia en todo el territorio nacional.

Se identificaban como integrantes de distintos grupos al margen de la ley, como ‘Urabeños’, ‘Águilas Negras’, ‘Los Pachencas’, ‘Clan del Golfo’, ‘Clan Úsuga’, ‘EPL’ y ‘ELN’ y utilizando un sinnúmero de  alias,  ejercían presión y amenazas sobre las víctimas,  especialmente comerciantes, transportadores, docentes, amas de casa, administradores del sector industrial y prestamistas.

Les comunicaban que requerían armas de fuego, municiones, explosivos, material de intendencia, radios de comunicación, y otros elementos que por ser de uso privativo de las fuerzas militares son difíciles o imposibles de conseguir, por lo que a cambio les pedían más dinero.

En el proceso investigativo se descubrió  que todas las llamadas extorsivas  realizadas a gentes en el Magdalena, se generaban de la cárcel ‘Doña Juana’, en el municipio La Dorada, Caldas, donde reclusos se identificaban con diferentes alias.

El cabecilla era  Imer Enrique Sarriego Reston, alias ‘Imer’, y sus cómplices reseñados con los remoquetes de ‘Jeison’, ‘Henry’, ‘El Perro’, ‘Cascarita’, ‘Camilo Torres’, ‘Pablo’, ‘César’, ‘Camilo’ y ‘Alejandro’.

RED DE MUJERES

Mientras los hombres desde el penal se comunicaban con sus potenciales víctimas haciéndoles la exigencia, afuera y a muchos kilómetros de distancia, en diferentes ciudades, una red de mujeres esperaban el aviso para retirar de la empresa de giros el dinero de la extorsión

Valentina Jiménez Yepez, alias ‘Vale’, Laura Julieth Herrera Quintero, Diana Bermúdez Flórez, Laura Alejandra Ortega Monsalve y Yelitza Andrea Galezzo Henríquez, eran las cobradoras y cuyo centro de operación estaban en Manizales, Bucaramanga, Armenia, Medellín y Maicao, respectivamente.

Valentina, cabecilla o jefe de finanzas de la estructura en la zona rural y urbana, era la encargada de coordinar y ejecutar  el cobro de las extorsiones depositadas por las víctimas a través de las empresas de giros. Fue capturada en la carrera 11 con calle 9 de Chinchiná, Caldas.

Laura Yulieth, fue capturada en la calle 31 con carrera 1, en plena vía pública, de Bucaramanga. Diana, en Armenia; Laura Alejandra, arrestada en Bello, Antioquia, y Yelitza, aprehendida en Maicao, La Guajira.

RENTA CRIMINAL

El comandante del Gaula de la Policía en Magdalena, mayor Luis Linares Bejarano manifestó que “ha sido un desafío y un reto empezar a desmantelar todas estas estructuras que intimidan detrás de un teléfono”.

Indicó que diariamente se presentan llamadas extorsivas y que en una ocasión se reportaron al Gaula 70 durante las 24 horas.

“Lo fundamental es que la gente ha dejado el miedo y  denuncia con confianza”, anotó el oficial de la policía.

Señaló que “es una industria criminal en la que logran recaudar hasta $200 millones al mes”.

Comentó que existen dos modalidades de extorsión carcelaria: la clásica, y la denominada ‘Tío Tío’.

En la primera los delincuentes llaman a sus víctimas a quienes tienen identificadas. Se hacen pasar por comandantes de bandas criminales.

En la segunda, los bandidos hacen llamadas al azar haciéndose pasar por sobrino del interlocutor pidiéndole con desespero que lo tienen secuestrado y que necesita que le giren dinero o hagan recargas a celulares.

El mayor Luis Linares señaló que la extorsión y el secuestro no discriminan nivel económico, social,  profesión o actividad comercial y precisa que quienes ejercen esta criminal acción están  en búsqueda de  personas desprevenidas  y   con poco sentido de autoprotección.

“Lo grave de ceder ante estos delitos, es que se fortalecen  a los delincuentes y se incrementan más estos ilícitos”, anotó.

Recalcó que en caso de ser víctima de secuestro y extorsión, lo primero que debe hacer es denunciar ante las autoridades.

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