Extrabajadores de Drummond simularon depresión y ansiedad para pensionarse
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Aspecto de la audiencia de legalización de captura de 16 exempleados de Drummond. | Néstor de Ávila
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Redacción ALDIA

Extrabajadores de Drummond simularon depresión y ansiedad para pensionarse

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Un agente encubierto reveló cómo obtuvieron las pensiones fraudulentas.

Con un agente encubierto durante seis meses en la empresa Drummond, la Fiscalía logró obtener información sobre aquellos extrabajadores que obtuvieron la pensión por invalidez con documentación falsa y de los que pretendían hacerlo, ya que dentro de la compañía había un empleado activo que tenía el rol de tramitador.

El ente acusador en el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos a los 16 extrabajadores de esta compañía minera, que se adelanta en el Juzgado Segundo Penal Ambulante con funciones de control de garantías, luego de una redada del CTI para lograr sus capturas, reveló detalles de cómo estas personas lograron de manera fraudulenta pensionarse sin tener ningún tipo de enfermedad o tiempo de servicio.

La investigación se inició en abril de 2016, luego que la Fiscalía recibiera un documento anónimo aduciendo que en la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar se emitían dictámenes de pérdida de capacidad laboral falsos a cambio de grandes sumas de dinero,  por lo que después de interceptaciones de llamadas telefónicas a miembros de esta organización con particulares y abogados tramitadores evidenciaron la manera como se negociaban las pensiones de los trabajadores de Drummond y otras empresas mineras.

Gentil De León Mármol, fiscal 12 seccional contra delitos a la administración pública, detalló que mediante peritos dentro de la investigación se evaluaron un sinnúmero de expedientes médicos de extrabajadores de la multinacional Drummond,  quienes ya habían obtenido la pensión encontrando un común denominador en los dictámenes ‘trastorno psicológico recurrente y ansiedad generalizada o trastorno depresivo’.

“Obtuvieron pensiones de invalidez con patologías de enfermedad común psiquiátricas y otras, es decir, con información falsas a cambio de dineros a la Junta y esta emitía a su favor una calificación que le permitiera obtener una pensión por invalidez”, dijo el fiscal.

Igualmente señaló que la investigación arrojó que los pensionados ilegalmente, previamente acudían al sector financiero y copaban su capacidad de endeudamiento al tiempo que iban a las compañías de seguros y adquirían pólizas en diferentes modalidades, y al tener el estatus de pensionados por invalidez las obligaciones contraídas y el riesgo asegurado fuera asumido por el sector financiero y asegurador del país.

El órgano investigador refirió que dos personas vinculadas penalmente a este proceso quienes hacían parte de la empresa de salud Asalud y Colpensiones, los cuales están postulados a un principio de oportunidad han denunciado y presentado una lista de más de 100 personas de quienes pueden señalar de forma directa entregaron entre un millón y millón quinientos mil pesos a cambio de que le simularan algún tipo de patología y así poder completar los porcentajes para obtener la pensión con documentos falsos.

Cabe señalar que los investigados en esta etapa de la operación Frenocomio de la Fiscalía son: Manuel de Jesús Calderón Quiroz, Ricardo Luis Gámez Coronado, Ronald Enrique Miranda Navarro, Oliver Miranda Mercado, Jaime Barreto Arias, Edilberto Castro Turizo, Estivenson Díaz Molina, Luis Rafael Jiménez Vásquez, Héctor Iván Lea Montes, Edgar Emilio López Kammerer, Robinson Montesino Guzmán, Melki José Romero Rondón, Ricardo Sanmiguel Charrys, Tony Orlando Bustamante Soto, y César Palacio Mena; todos exempleados del área de operaciones de Drummond.

Legalizan capturas

Estos ex trabajadores de Drummond son procesados como presuntos responsables de los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público y/o privado, dentro de la millonaria defraudación a los fondos privados y Colpensiones, así como al sistema financiero y por la cual otras 19 personas ya habían sido capturadas, entre médicos, psiquiatras, psicólogas, abogados, intermediarios y hasta una funcionaria de la rama judicial.

Por *Milagros Sánchez Flórez y Miguel Barrios

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