A investigación 99 ‘falsos positivos’ en La Guajira
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos entregaron informe a la JEP
En un encuentro que se llevó a cabo en Valledupar, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ entregó a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un informe sobre la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales en los departamentos del Cesar y La Guajira.
El documento hace un recuento de más de 300 posibles víctimas de ‘falsos positivos’ en el Caribe entre los años 2003 y 2009, las cuales son atribuidas a unidades militares adscritas a la Segunda y Décima Brigada del Ejército Nacional, a la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) y a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de Cesar y La Guajira.
Según el informe, el departamento con el mayor número de víctimas fue el Cesar con 110 casos, seguido por el departamento de La Guajira con 99 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, entre los cuales se encuentran menores de edad, personas en condición de vulnerabilidad y mujeres.
Llama la atención de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que 35 de las víctimas eran indígenas, de los cuales nueve pertenecían a la etnia wayuu, 10 kankuamos y 15 wiwas.
En cuanto al departamento de La Guajira, reportaron que el mayor número de personas que fueron presentadas como “dadas de baja en combates” son atribuidas al Grupo de Caballería Número 2 ‘Juan José Rondón’, el cual estarían involucrado en 30 hechos que dejarían como resultado 54 víctimas.
De igual manera hacen referencia a casos ejecutados por el Batallón Mecanizado No.6 Cartagena, el Batallón de Artillería de Campaña No.10 Santa Bárbara, al Grupo de Caballería Mediano General Gustavo Matamoros D’Costa, y otros.
Además de la relación de cada uno de los casos las organizaciones también presentaron unas solicitudes, entre ellas la medida cautelar de suspensión del cargo al actual comandante del Ejército Nacional Jesús Martínez Espinel y a quien está al frente del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez.
“Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor de la Décima Brigada y la Primera División del Ejército Nacional. Igualmente, adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas y garantías de no repetición frente a estos graves crímenes”, dice el informe.
