Judicializan a dos por robo de agua en Santa Marta
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Las autoridades hallaron un predio en donde había toda una infraestructura para conectarse de manera ilegal a la tubería.
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Agustín Iguarán González

Judicializan a dos por robo de agua en Santa Marta

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Con ilegal conexión dejaban sin el líquido a 44.000 habitantes.

La Fiscalía General  de la Nación logró que un juez de Santa Marta impusiera medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, contra dos personas a quienes el ente investigador señaló como responsables por conectar, de manera ilícita, tubos para extraer agua del acueducto de la capital del Magdalena.

Se trata de Pablo Castro, de 59 años de edad; y de Germán David Paredes Duarte de 60, quienes fueron capturados en momentos en que incurrían en el delito que, según la denuncia conocida por la Fiscalía, dejaba sin el servicio de acueducto a cerca de 44.000 habitantes de la ciudad que sí pagan el servicio, entre ellos, los residentes en la Vereda Puerto Mosquitos.

Además, generó una grave afectación económica a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar).

La investigación

Las acciones de policía judicial adelantadas por investigadores de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Nacional permitieron ubicar, el 8 de octubre pasado, dos inmuebles en la vereda Puerto Mosquitos desde donde se extraía agua de manera ilegal mediante la utilización de válvulas conectadas al tubo de la empresa de servicios públicos de Santa Marta Essmar.

En el primer inmueble fue hallado un pozo para la explotación del agua que era comercializada sin permiso de la autoridad competente. En el segundo predio los investigadores encontraron dos válvulas que estaban conectadas al tubo de Essmar, las cuales fueron selladas para evitar su uso. Los elementos utilizados por los capturados fueron incautados por las autoridades.

Con el material probatorio recaudado, el fiscal del caso imputó a los investigados los delitos de daño en obra de utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de fluidos agravado y usurpación de aguas agravada, según su responsabilidad.

Una vez cumplidas las audiencias concentradas el juez del caso señaló que los implicados, aunque permanecerán en libertad, tendrán que portar brazaletes electrónicos suministrados por el  Inpec, y cumplir con la obligación de presentarse, cada 15 días, a la estación de policía de Mamatoco (Magdalena). Castro y Paredes, además, no podrán visitar los inmuebles allanados, y deberán mantener buena conducta.

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