Niegan otra vez habeas corpus a jueces y fiscal capturados por caso Unimetro
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Redacción ALDIA

Niegan otra vez habeas corpus a jueces y fiscal capturados por caso Unimetro

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Los funcionarios judiciales buscaban quedar en libertad.

Por segunda vez un juez de control de garantías de Barranquilla les negó el amparo de habeas corpus solicitado por los abogados defensores de los jueces Alberto Oyaga Machado y Rafael Uribe Henríquez, así como del fiscal Gustavo Orozco Pertuz, capturados en el caso de la Universidad  Metropolitana de Barranquilla.

La decisión la dio a conocer este martes 29 de diciembre el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla.

A través de la herramienta jurídica, los funcionarios judiciales alegaron una prolongación ilícita de la libertad.

Hay que recordar que el pasado 22 de diciembre el Juez 15 penal Municipal de Barranquilla negó un primer habeas corpus que pretendía, igualmente, la libertad de los tres funcionarios judiciales, capturados el pasado 15 de diciembre en Barranquilla y Santa Marta.

En la decisión de 12 páginas conocida por EL HERALDO, el togado argumentó que “la prolongación de la privación de la libertad de los señores Alberto Oyaga Machado, Rafael Uribe Henríquez y Rafael Orozco Pertuz, no es imputable de ningún modo al juez Promiscuo Municipal de Galapa, pues, es posible visualizar que habiéndose realizado la captura de aquellos el día 15 de diciembre de 2020, las audiencias de legalización de captura, imputación y medidas de aseguramiento se realizaron dentro de los términos previstos los días 16, 17 y 18 del mismo mes y año; distinto es que la correspondiente a la de medida de aseguramiento no pudo culminarse debido al extenso material probatorio que debía ser objeto de estudio por parte del juez, lo que ameritó que señalara nueva fecha para el día 21 de diciembre de 2020”.

Y agrega el Juez Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla en su decisión que “no obstante, la misma no logró celebrarse en la data acordada, en primer lugar, por causa de los imputados, quienes propusieron incidente de recusación e impugnación de competencia contra el Juez Promiscuo Municipal de Galapa, quien despachó desfavorable ambas solicitudes, por lo cual las diligencias se trasladaron para el conocimiento correspondiente al Juzgado 19 Penal Municipal de control de garantías, el cual igualmente negó tal recusación”.

Advirtió el togado que por la entrada de la vacancia judicial el pasado 19 de diciembre de 2020, que cobija al Juez Promiscuo Municipal de Galapa, situación que asegura le es ajena al mismo.

Pese a lo anterior, señala el juez que el Juez Promiscuo Municipal de Galapa, en uso de las facultades, que tanto el 17 de diciembre (día festivo para la Rama Judicial) como los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2020 (días de vacancia judicial) realizó las diligencias del caso “a fin de cumplir su función de garantías, y asegurar un proceso sin dilaciones injustificadas; sin embargo, evidentemente, se itera, ante las solicitudes formuladas por los apoderados de los señores Alberto Oyaga machado y Rafael Uribe Henríquez”.

Finalmente el Juez Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla exhortó al Centro de Servicios de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio- SPOA (Juez Coordinador) a efectos que proceda a dar cumplimiento con urgencia al reparto entre los jueces en turno el asunto correspondiente a la continuación de la audiencia de medida de aseguramiento, por las presuntas conductas de prevaricato por acción y fraude procesal, que se sigue contra los funcionarios judiciales capturados, procesados por supuestas actuaciones irregulares denunciadas por la Familia Acosta Bendek, por un presunto desfalco de por lo menos $30 mil millones cuando la Universidad Metropolitana estuvo administrada por la familia Jaller Raad.

Llama poderosamente la atención que, pese a estar privados de la libertad, los dos jueces y el fiscal permanecen en un hotel del centro de Barranquilla, el cual no cuenta con las mínimas condiciones de seguridad, en vez de estar recluidos, como mínimo, en la sede de la URI de la Fiscalía.

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