Algunos de los capturados en la fotografía de reseña policial.
Algunos de los capturados en la fotografía de reseña policial.Cortesía
¿Qué Pasa?

Golpe a red criminal que actuaba en Colombia como los ‘coyotes’ mexicanos

Facilitaban el ingreso de migrantes al país sin el cumplimiento de los requisitos legales y luego los despachaban hacia el país de Panamá. Cabecilla llevaba 7 años en el negocio.

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Jan Pieter de Vrijer Molina era, según las investigaciones de la Dijín de la Policía y las autoridades de Estados Unidos, el cerebro y cabecilla del grupo delincuencial que tenía un servicio de ‘coyotes’ para migrantes ilegales en distintos puntos del territorio colombiano, a quienes les ofrecía logística, transporte, alojamiento, alimentación, gestión de visas y documentos de identificación para llegar a los Estados Unidos.

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Los ‘coyotes’ son unos personajes que en México que ofrecen el servicio de transporte de migrantes en la frontera este país con los Estados Unidos, pero, en la mayoría de veces, terminan engañando a las personas y abandonándolas en medio de la nada.

Frente al caso local, la Dirección de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), logró identificar y desarticular una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes con la captura de 10 de sus integrantes en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Montería y en los municipios de Santa Fe y Necoclí, en Antioquia, e Ipiales, en el departamento de Nariño. Además, de acuerdo con las autoridades, hubo dos aprehensiones con fines de captura en Dallas y Atlanta, en Estados Unidos. 

Según la investigación, de Vrijer Molina y sus cómplices facilitaban y colaboraban con el ingreso, tránsito y salida de migrantes sin el cumplimiento de los requisitos legales en el territorio nacional.

Estos llevaban, al parecer, más de 7 años realizando el ilícito.

Los integrantes se encontraban ubicados estratégicamente en las ciudades de Ipiales, Cali, Medellín, Bogotá, Montería y el municipio de Necoclí en Antioquia, ubicación que les permitía captar y movilizar a los migrantes irregulares de manera ágil desde el sur del país por los corredores viales que conectan con el Urabá antioqueño. Tres de los integrantes de la organización habían sido capturados en flagrancia por el delito de tráfico de migrantes con anterioridad. 

Una ‘película’ en El Dorado

Durante el proceso investigativo, las autoridades detectaron que los miembros de la organización lograron permear la seguridad migratoria del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá al descubrir que estos, como si se tratara de una fuga de película, usaban todo tipo de engaños para entrar ciudadanos extranjeros de manera ilegal al país.

 Una fuente explicó que “lograban extraer ciudadanos extranjeros inadmitidos de las zonas restringidas a las zonas públicas del aeropuerto internacional el Dorado, facilitando a estas personas el ingreso al país sin el cumplimiento de los requisitos legales. La extracción la realizaban por medio de un operario de aseo, quien transportaba a estos extranjeros ocultos en canecas donde se depositaban basuras”.

Las autoridades también comunicaron que durante la operación se llevaron a cabo varios allanamientos en los que fue posible incautar 19 pasaportes, 11 teléfonos celulares, más de 71 millones de pesos en efectivo, 150 dólares canadienses, más de 29 mil euros y en una residencia en la ciudad de Bogotá que fue adaptada como hotel. Allí se encontraron 8 migrantes cubanos, quienes fueron dejados a disposición de Migración Colombia.

La Policía también reportó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 16 muebles e inmuebles, avaluados comercialmente en más de $2.400 millones, entre estos, 10 vehículos, 3 hoteles, los cuales eran destinados para el alojamiento masivo de estas personas en calidad de migrantes, 2 establecimientos de comercio y 1 casa.

En audiencia pública virtual un Juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad para todos en su lugar de residencia, y fueron imputados por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir.

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