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Prensa internacional rechaza señalamientos contra periodistas del NYT en Colombia

Convoca a partidos y políticos de todos los sectores a respetar el ejercicio periodístico.

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La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) manifestó su preocupación por la salida del país de un reportero y un fotógrafo de The New York Times tras revelar en un artículo que supuestamente el Ejército ha ordenado a sus soldados duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos, lo que pone en riesgo vidas civiles.
Así lo hizo la APIC luego de que el periodista estadounidense Nicholas Casey asegurara el domingo que se fue del país tras recibir acusaciones falsas por parte de miembros del partido de Gobierno, como la senadora María Fernanda Cabal, quien manifestó que en “2016 estuvo de gira con las Farc en la selva y se preguntó: ¿Cuánto le habrían pagado por ese reportaje?”. A raíz de esos señalamientos también se vio obligado a salir del país el fotógrafo Federico Ríos, de nacionalidad colombiana.
“Creemos que en este momento de polarización creciente en Colombia, la estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo no solo pone en peligro la vida de los colegas Casey y Ríos, sino de todos los periodistas que, en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia”, detalló la Asociación en un comunicado.
En un artículo publicado el sábado, The New York Times, que revisó órdenes escritas y entrevistó a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando “otra encarnación” de los llamados “falsos positivos”. La APIC “condena y rechaza los señalamientos de los senadores contra Casey y Ríos, por lo cual los invita a hacer una reflexión y convoca a los partidos y activistas políticos de todos los sectores para que respeten el ejercicio periodístico”.
“Dado que los personajes públicos tienen mayor responsabilidad en sus declaraciones por el impacto que alcanzan, la APIC espera una rectificación de los senadores en mención”, agregó la Asociación. De igual forma pidió al jefe de la Procuraduría (Ministerio Público), Fernando Carrillo, manifestarse sobre “la conducta de estos funcionarios en contra del trabajo del equipo periodístico” y al Gobierno “disponer de todas las medidas necesarias para garantizar una efectiva libertad de prensa”. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, abrió en julio pasado un caso para investigar los “falsos positivos”, para lo cual utiliza como base un informe de la Fiscalía, el cual señala que el 45 % de las víctimas de estas ejecuciones eran campesinos y el 30 % se dedicaba a actividades productivas informales en las ciudades.

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