Familia de menor wayuu muerto tras ser atropellado clama justicia en La Guajira
El carro que habría arrollado al menor pertenecería a la empresa Isagen.
Familiares del niño wayuu, Simón Darío Laguna Epiayu, pusieron ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio del Interior, la denuncia para que se investigue su muerte causada al ser arrollado por un vehículo que, según afirman, pertenece a la empresa Isagen que opera en la Alta Guajira con parques eólicos.
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Así lo dieron a conocer los familiares de la víctima al realizar una manifestación en la sede de la Fiscalía Seccional de La Guajira, en el distrito de Riohacha.
Los delitos por los cuales hicieron la denuncia son homicidio culposo, invasión a territorios indígenas, profanación a sitios sagrados y violación al convenio 169 de la OIT.
Explicaron que el hecho ocurrió el pasado 13 de junio, cuando el menor, de diez años de edad, fue atropellado por el vehículo marca Renault Duster, de color blanco y de placa KYW de Funza, al momento de intentar atravesar la vía con el fin de recoger agua.
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Precisan que el vehículo era conducido por un ciudadano de origen español, quien les dijo que era funcionario de la empresa WIND 1000, afiliada al proyecto parques eólicos Guajira 1 de la empresa Isagen.
Los padres del niño, Simón Laguna Pushaina y Carmen Elina Epiayu, aseguran que nunca fueron consultados por parte de las empresas involucradas acerca de la vía a tomar frente a sus responsabilidades en la muerte de su hijo.
“Ellos se sentaron con unos palabreros avalados por la secretaría de Asuntos Indígenas y la Inspección de Policía de Uribia, nos citaron y nos notificaron el mismo día del accidente que las empresas se acogerían a nuestro sistema normativo wayuu. Es decir, le pusieron precio a nuestro hijo, como si fuera un animal sin dolientes”, afirman.
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Rechazan que estas empresas se acojan a las leyes wayuu, “porque así están evadiendo sus responsabilidades penales y administrativas que tienen como empresas particulares”.
Agregan que el conductor, quizás tenga permiso para trabajar y conducir vehículos en el país, pero no para hacerlo en territorios indígenas wayuu.
“Cuál es el afán de acogerse a nuestro sistema normativo, si estas empresas deben tener sus pólizas contra todo riesgo. Otra cosa sería si la empresa que ejecuta el proyecto perteneciera a la etnia wayuu”, señalan.
Por lo anterior, solicitan que se abra la investigación penal y disciplinaria contra las empresas dueñas del vehículo y contra la secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia y la Inspección de Policía de ese municipio.
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