Cambiar de expendio de droga: sentencia de muerte para jóvenes en Atlántico

La droga no es solo una adicción que destruye vidas, es también una condena o, dicho en otras palabras, una sentencia de muerte para jóvenes, al menos en esta zona del país.

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Y eso es lo que se evidencia a raíz de recientes casos en los que víctimas, que no sobrepasan los 25 años de edad, terminan muertas a tiros en medio de este mercado ilegal que desde hace algunos años se salió de control y hoy es una de las rentas que generan mejores dividendos para las estructuras criminales que operan en la jurisdicción.

La sentencia de muerte, según lo indagado por las autoridades, se da cuando el consumidor o comprador decide cambiar de ‘jíbaro’ y, como si se tratara de un castigo, el expendedor cobra con la vida el “acto desleal” o el incumplimiento de las reglas de su gobernanza criminal.

De acuerdo con las cifras de Medicina Legal y registros llevados por este medio, en los cinco primeros meses del año han sido asesinados 78 jóvenes en el departamento del Atlántico, y en la mayoría de casos corresponde a un posible “ajuste de cuentas” que, en las pesquisas, no es más que el motivo antes mencionado.

Entre los casos recientes está el  atentado en el que segaron la vida de Reinaldo Rafael Vallejo Merlano, de 20 años, en hechos ocurridos el pasado mes de abril en el barrio Galán, en el sur de Barranquilla.

Según la información suministrada por la madre de la víctima, este tenía cuatro años de estar luchando con su “adicción” a las drogas y, al parecer, su muerte fue ordenada por uno de los expendedores de droga del mismo sector.

Dos disparos en la cabeza, propinados por desconocidos en motocicleta, fueron los causantes de la muerte instantánea del joven. “En ese lugar venden vicio”, manifestaron varios residentes de la zona, en relación con el sitio donde fue atacado a bala.

Un caso similar fue el de dos adolescentes que ni siquiera llegaban a la mayoría de edad: Esteban Camilo Lascarro Fontalvo, de 15 años, y Jesús Adrián Bernal González, de 17, quienes fueron las víctimas fatales de un atentado registrado el jueves 18 de mayo en el sector de la Bendición de Dios, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

Según las autoridades, “los hechos obedecieron a un control territorial por cambiar de caleta donde compraban el estupefaciente”, que era suministrado por la organización criminal ‘los Costeños’.

Otro caso ocurrió el pasado 25 de mayo, donde un joven identificado como Brayan José Janaba Álvarez, de 22 años, terminó muerto en una incursión sicarial. El joven presentaba, según las autoridades, dos anotaciones judiciales, y los hechos obedecieron  a una posible “retaliación o ajuste de cuentas”. Pero, aparentemente y de fondo, el hecho también guardó relación con lo del cambio de caleta.

Otro ataque sicarial, ordenado bajo esa premisa, se registró el martes 30 de mayo en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla. El ataque dejó dos jóvenes muertos: se trataba de Jaider Niño Ahumada, de 21 años, y Alexis Andrés Cienfuegos Orozco, de 22 años.

En este caso la institución armada sí fue un poco más allá y señaló que el doble crimen guardaba relación con el expendio de droga.

Una realidad

AL DÍA consultó varias fuentes para conocer sus puntos de vista con relación a la realidad de los jóvenes que están inmersos en el mundo de las drogas y las consecuencias que esto implica.

Reinel Badillo Sarmiento, investigador del Centro de Pensamientos de la Universidad del Norte, expresó que dentro de esta renta criminal como lo es el microtráfico se ha detectado una jerarquía criminal, “lo que pareciera un problema individual, es más una manifestación de una jerarquía criminal, el crimen organizado tiene reglas, quién puede vender en cierto espacios y quién no, es una determinación del ‘jefe’ de zona, dicho de otra manera tienen vendedores autorizados, quienes pagan una cuota  por estar en el lugar, y quien se atreva a retar ese esquema (compradores, vendedores, o consumidores) paga con la vida”.

Asimismo, sostuvo que de acuerdo con las investigaciones de la Institución, “en los últimos 10 años 150 personas han sido asesinadas por la disputa de la ilegalidad, estos son los casos que trascienden en la prensa, pero pueden ser muchos más”.

De acuerdo con el investigador, las organizaciones criminales organizadas ejercen una gobernanza criminal, así lo reiteran más de 250 informes de prensa y una base de datos original sobre violencia letal entre delincuentes. “Si bien estas organizaciones usan la violencia para construir su reputación como actores dispuestos a usar la fuerza, también brindan beneficios a otros delincuentes, como la financiación y protección contra el Estado y los competidores”.

Por su parte, el sicólogo Farid Carmona manifestó que “desde el punto psicológico, la violencia por narcotráfico no es un delirio, ni una ilusión, ni siquiera un pensamiento persecutorio, es una realidad que tiene que ver con la sociedad y las familias”.

Además, agregó que “si los padres cumplieran su función real se pudieran prevenir estas situaciones a temprana edad, la prevención y el detectar las alertas es una obligación primeramente de los padres y son deberes indelegables”.

Entorno familiar

Uno de los factores más recurrentes, de acuerdo con los expertos, es que el entorno familiar es determinante para que los adolescentes tomen caminos equivocados, y terminen en medio de estas disputas.

Frente a esto, el abogado penalista Carlos Jiménez Cabarcas señaló que la experiencia ha demostrado que un entorno familiar disfuncional se traduce en un factor determinante en el actuar delictivo de los adolescentes.

Además, el jurista indicó que la pertenencia a organizaciones o grupos dedicados a actividades ilegales suple en el adolescente las necesidades de sentirse aceptado, valioso, escuchado y respetado. Situación que a veces no encuentran en sus hogares.